Corrupción por cárcel

Desde hace bastante tiempo, hemos visto cómo los políticos creen que un problema social se resuelve convirtiéndolo en delito o aumentando su pena, si es que ya está tipificado como tal. Así, hemos ido acumulando una larga serie de conductas penalizadas con multas, cárcel, pérdida de derechos, etc. No discuto la importancia del poder punitivo del estado, pero si es cuestionable el fetichismo social de pensar que la cárcel es el remedio eficaz contra todos los males del país.

Hace poco el Congreso, en una muy polémica actuación, terminó por hundir la propuesta que prohibía la mal llamada "casa por cárcel" a quienes fuesen condenados por delitos relacionados con la corrupción. En principio, podría pensarse que dicha ley hubiese sido una muy buena manera de disuadir a los funcionarios públicos (y ciudadanos en general) de cometer actos corruptos, pero la verdad es otra. La propuesta no es más que el reflejo del típico populismo punitivo que aflora en épocas electorales en un país donde las cárceles no sirven y la política criminal está basada en noticias amarillistas, alimentando una sed de venganza ciega por parte de los ciudadanos.

La corrupción no es un fenómeno que solo ocurre en las altas esferas del poder político o económico. Y luchar contra la corrupción no se puede reducir al falso simbolismo condenatorio de alguien preso o empobrecido, porque si bien es una conducta muy reprochable, ésta no es sino el resultado de muchas pequeñas actuaciones hechas bajo la ley del "más vivo", de la malicia indígena, esa misma que no reconoce la importancia de la moral para vivir correctamente en sociedad y evitar tanto escándalo por culpa de la ambición desmedida de aquellos que logran acariciar las mieles del poder.

En Colombia se debe pasar del populismo punitivo a una verdadera política criminal, una que respete realmente los mínimos principios que componen un Estado Social de Derecho (el cual presumimos tener) y entienda que la educación y la cultura basada en valores son las verdaderas herramientas para combatir fenómenos como la corrupción. Es ahí donde se debe gestar una profunda transformación, porque si seguimos esperando que la ley penal resuelva todo lo que la falta de educación produce, seguiremos llenándonos de normas, sentencias y condenas que jamás apaciguarán esa venganza punitiva que exige la ciudadanía.

Por eso, antes de modificar (otra vez) la ley penal para aumentar penas o prohibir la detención domiciliaria en los casos relacionados con la corrupción, la ciudadanía debe entender las ventajas de comportarse en lo legal: aquí el vivo nunca debería vivir del bobo, porque no habría cárcel lo suficientemente grande para albergar a tanto corrupto que habita este país.